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Publicat el 27 - 2 - 2005 a Levante - EMV
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¿Quién teme a la participación ciudadana?

Antonio Montiel Márquez

Advocat

El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos es una conquista social fruto de un largo proceso histórico que ha conocido avances y retrocesos, además de negros períodos de negación y dictadura. Mediante el ejercicio de ese derecho fundamental se hace patente la igualdad política básica entre los miembros de una comunidad y se expresa la organización de la vida democrática. Sin embargo, demasiadas veces, este derecho no encuentra cauce ni facilidades para su expresión porque hay quien teme a la participación ciudadana.

Resulta paradójico que una ciudadanía que dispone de mayor acceso a la información, capaz de articular una opinión pública solvente, entre la que aumenta la vinculación a asociaciones, organizaciones no gubernamentales u otros colectivos, venga expresando un cierto declive en cuanto a participación electoral y un notorio desapego hacia las actuales expresiones políticas, al tiempo que reivindica la vida en democracia.

Investigadores y organismos internacionales coinciden en constatar con preocupación la perdida de confianza y alejamiento de muchos ciudadanos de las instituciones políticas, cuando no un cierto hastío de la política misma. Abundan las reflexiones acerca de las limitaciones de un proceso representativo ritualizado mediante el cual los ciudadanos somos sometidos a aparatosas e insulsas campañas electorales en las que el ruido oculta los argumentos, en las que las técnicas de mercadotecnia sustituyen a la sinceridad y a la ideología y se trata al ciudadano como a un mero consumidor de fáciles etiquetas o consignas. Una fiesta electoral tras la que la ciudadanía se ve bruscamente desposeída de la momentánea ilusión de poder que parecían otorgarle encuestas, sondeos y amables candidatos, muchos de los cuales olvidarán pronto hasta sus mismas promesas.

Esta pérdida de relación de los representantes con sus electores y, especialmente, de la mínima obligación de aquéllos de respetar los compromisos expresados durante la campaña electoral, contrasta con el fortalecimiento de lazos de obediencia y disciplina a estructuras de partido altamente profesionalizadas y escasamente permeables que, con frecuencia, limitan la democracia interna, silencian la discrepancia y bloquean la emergencia de alternativas; evidenciando aún más la debilidad de las formas democrático representativas basadas en los partidos tradicionales.

Por último, las leyes que regulan estos procesos electorales abundan en mecanismos que, bajo excusas más o menos técnicas, suelen introducir correcciones que vienen a distorsionar la proporcionalidad de la pluralidad social en beneficio de los partidos mayoritarios.

Se impone, y en ello coinciden además de investigadores y organismos nacionales e internacionales, la mayoría de movimientos sociales, la revisión en profundidad de los términos de la relación entre unos poderes públicos, cuya legitimidad emana teóricamente de la soberanía popular, y una ciudadanía que presenta hoy necesidades y demandas nuevas en un contexto globalizado y complejo.

Desde la India a Francia, pasando por Brasil, numerosas ciudades del mundo intentan afrontar el reto de articular fórmulas que complementen la tradicional democracia representativa con una participación sostenida de la ciudadanía en las distintas fases del diagnóstico de necesidades, elaboración de propuestas, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y resultados. También unas pocas ciudades españolas como Córdoba, Getafe, Sant Boi de Llobregat o San Sebastián ensayan formulas en esa dirección, al tiempo que cooperan en la articulación de redes de intercambio de prácticas participativas con otras ciudades del mundo.

Esta constatación de que otra forma de gobernar es posible ha llevado a organismos internacionales, desde Naciones Unidas al Consejo de Europa, a realizar recomendaciones para la puesta en práctica de mecanismos que mejoren la participación ciudadana en la vida pública local.

La reforma en diciembre de 2003, de la Ley de Régimen Local, entre otras medidas menos afortunadas, introdujo la novedad de que los municipios de gran población, incluidas las tres capitales valencianas, debían crear un denominado Consejo Social de la Ciudad integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativa entre cuyas funciones, según la misma ley, se encontrarían la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

A más de un año ya de la aprobación de esta norma, su notorio incumplimiento por la señora Barberá parece evidenciar el temor a que se cuestione un modelo de gestión en el que las decisiones sobre las principales actuaciones urbanas tan sólo son compartidas con un limitado entorno de mercaderes inmobiliarios, mientras se niega el más mínimo acceso a la participación de los colectivos ciudadanos y vecinales.

Tal vez sea porque éstos podrían discutir el Plan que condena a la destrucción al Cabanyal-Canyamelar, rechazar la proyectada desaparición de las huertas de Campanar, de Castellar o de La Torre o aspirar a que se ponga coto a las obras faraónicas del frente marítimo o a los rascacielos que el gobierno popular proyecta para paliar el déficit provocado por sus excesos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Mediante la instrumentación interesada del PGOU de 1988, surgido de un contexto económico y social bien diferente y sobre el que se han hecho ya más de trescientas modificaciones, la alcaldesa viene imponiendo un modelo de ciudad desequilibrado e insostenible, basado en el agotamiento del suelo, el despilfarro de recursos, la fragmentación social y la motorización privada, orientado a la generación de plusvalías que, en vez de revertir en la comunidad, benefician especialmente a unos pocos.

Una política que explica por sí sola el miedo a la participación ciudadana.

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