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Publicat el 2 - 10 - 2005 a Levante - EMV
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Estatuto triste

Antonio Montiel Márquez

Advocat

“La nova estratègia autonòmica d’UCD –fruit inmediat de la configuració de la seua primera executiva regional vertebrada entorn de l’autoritat d’Abril Martorell- violava ostensiblement el compromís autonòmic solemnement signat per les forces politiques valencianes al Palau de la Generalitat el 1978 (...). En realitat, l’estratègia (...) no era una altra que l’abandonament radical del consens necessari per la consumació del procés estatutari, i el de la imposició d’un diktat –el de l’amenaça d’un bloqueig total del procés mateix- si el text del futur Estatut no es conformava segons les seus directrius ideològiques, polítiques, culturals i nacionals. (...) el nou equip rector de la UCD valenciana no estava disposat ni tan sols a pronunciar-se sobre la via autonòmica que calia seguir”. (Alfons Cucó. Roig i Blau. La transició democràtica valenciana).

El 24 de octubre de 1979, el presidente del Consell Preautonòmic del País Valencià, otorgaba ante el Decano de los notarios valencianos el acta que recogía que 512 municipios –el 95% de los existentes- representando al 98% de la población valenciana, se habían pronunciado por la autonomía. Con ello se acreditaba el cumplimiento de un requisito esencial exigido por el artículo 151 de la Constitución de 1978 para el acceso por la llamada vía rápida a un nivel de autonomía inicialmente reservada por el texto constitucional a las nacionalidades históricas –Cataluña, Galicia y Euskadi- y a los territorios capaces de satisfacer determinados requisitos entre los cuales, además de porcentajes de municipios solicitantes y población ampliamente superados en el caso valenciano, se exigía referéndum popular de ratificación de la iniciativa autonómica.

Aquel logro inicial parecía abrir a los valencianos el acceso inequívoco a una autonomía política definida por robustas instituciones y la inmediata disposición sobre un amplio catálogo de competencias. Pero la dirección valenciana de la UCD bloqueó la celebración del referéndum hasta que la torticera y discriminatoria aplicación retroactiva de la ley estatal de Referéndum, aprobada meses después de aquella iniciativa, acabó por hacer naufragar las aspiraciones del pueblo valenciano, abocando su proceso autonómico a la vía lenta del art. 143 de la Constitución.

La elaboración y acuerdo final en Madrid sobre el Estatuto, excluyó definitivamente no sólo la posibilidad de la participación popular a través del esperado referéndum sino cualquier otra intervención en su redacción y aprobación por la ciudadanía, reducida ya a ser mera espectadora de los pactos políticos.

Algo que bien podría ayudar a explicar peculiaridades tales del texto valenciano como la ominosa barrera del cinco por cien o la arbitraria asignación de escaños por provincias, claros condicionantes de los resultados electorales, tanto en lo que hace a la proporcionalidad en la representación, como a su componente territorial, así como otras limitaciones a la participación ciudadana, caso de las trabas impuestas al ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular, o la ausencia de medidas para favorecer la autonomía y fortaleza de los municipios que constituyen el ámbito más inmediato de participación ciudadana y de innovación democrática que, junto a otras debilidades políticas e institucionales, han marcado el irregular desarrollo de nuestra autonomía.

Ahora, un cuarto de siglo después, la reforma del Estatuto parece estar nuevamente condicionada por agendas partidarias. Unos lideres autonómicos populares y socialistas, que necesitan afianzar su personal situación y proyección futura en sus respectivos partidos tanto como sus dirigentes estatales precisan de un respiro en la confrontación y delimitar cuanto antes el alcance de un proceso de reformas autonómicas generalizadas ya en todo el Estado, avalan un proyecto estatutario que, ni resuelve algunas de las carencias del texto de 1982 ni, de nuevo, nos reserva más función que la de simples espectadores en el diseño del futuro Estatuto.

El texto ahora pactado mantiene la barrera del cinco por cien de los totales votos comunitarios para acceder al reparto de escaños en un sistema que se sustenta en la provincia como circunscripción electoral. Un límite reduccionista y excluyente inaceptable en una sociedad cada día más abierta y plural, que perjudica gravemente a la proporcionalidad en la representación política de la ciudadanía, se aparta de la regulación existente en la mayoría de autonomías y excede con mucho la barrera del tres por cien provincial que fija la legislación electoral para las elecciones al Congreso de los Diputados. Como tampoco corrige el extraño reparto de escaños pactado en 1982, que otorgó a Castelló más del doble de los puestos que le habrían correspondido en Les Corts de aplicarse un lógico criterio de población, a cambio de garantizar el apoyo provincial a la incorporación de la franja azul a la senyera autonómica -según explicaba el señor Monsonís, diputado de UCD por Castelló y presidente preautonómico a la fecha de aprobación del Estatuto-. El actual acuerdo se limita a ampliar el número de diputados por Valencia y Alicante para compensar así, con cargo al erario público, una desproporcionalidad cuyo origen es fruto tan solo de componendas políticas.

De otra parte, junto a preceptos que, con notorio retraso, se presentan como medios de equiparación con otras nacionalidades históricas, como la capacidad de disolución anticipada de Les Corts –aplicable después del 2007 para no alentar las tensiones internas en el PP- abundan las cláusulas meramente programáticas cuyo ejemplo más llamativo es la conocida como cláusula Camps, un precepto inconsistente y de imposible viabilidad y eficacia desde un punto de vista estrictamente jurídico.

Es cierto que el proyecto de Estatuto incorpora novedades como el Servicio Tributario Valenciano o el Consejo del Audiovisual, además de algunas mejoras en el esquema de financiación autonómica y local y una voluntariosa reivindicación del Derecho Foral valenciano. Pero es evidente que, de una forma que solo puede ser consciente, elude cuestiones fundamentales tales como el modelo de organización y gestión del territorio valenciano, la distribución de responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las administraciones valencianas en materias tan acuciantes como urbanismo, medio ambiente, vivienda, bienestar social e inmigración, el patrimonio natural y cultural valenciano o el futuro de actividades tradicionales como el pequeño comercio, la artesanía o la agricultura amenazadas por la voracidad urbanizadora y el uniformismo cultural, más allá de tópicas declaraciones sin valor normativo alguno.

Decepcionante en fin, resulta que, junto a la incorporación al nuevo texto de la promesa de futuras e inciertas leyes sobre derechos sociales y renta de ciudadanía, se evite ampliar elementales derechos de participación política que facilitasen el ejercicio, por ejemplo, de la Iniciativa Legislativa Popular o de las Consultas Populares, además de hurtarnos, una vez más, la posibilidad de exteriorizar la voluntad ciudadana a través de un referéndum sobre la reforma estatutaria.

Parecería que estamos, otra vez, ante un Estatuto para los valencianos pero que cuenta poco con los valencianos. Otra vez un Estatuto triste.

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