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Publicat el 30 - 4 - 2002 a Diari Levante - EMV
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La Punta: penúltimo capítulo

Ernest García

Universitat de València

«A medida que el mundo se urbaniza, la demanda de territorio para abastecer a las ciudades seguirá creciendo. Tarde o temprano, incluso ciudades como Londres, que han llegado a concebir la importación de alimentos a gran escala como algo natural, puede que necesiten considerar el retomar la agricultura dentro de la ciudad o en sus aledaños...» (Herbert Girardet: Creando ciudades sostenibles. Valencia, Tilde ed., 2001, p. 85).

Algunos sociólogos de la India usan la expresión refugiados ecológicos para referirse a las personas desplazadas por el desarrollo: campesinos que ven sus tierras inundadas por un pantano o asfaltadas para abrir una carretera, comunidades de los bosques que son privadas de su forma de vida a causa de una explotación maderera, pescadores desahuciados para construir un puerto o un complejo turístico... Privadas de sus medios de subsistencia, esas gentes se ven forzadas a viajar hasta asentamientos irregulares, de economía informal y muy precaria, en la periferia de las ciudades. Una parte de ellas accede a empleos y salarios del nuevo sector moderno. Otra parte, muy numerosa, se ve obligada a buscarse la vida con las manos vacías: a ella aplican los investigadores del fenómeno la expresión antes mencionada.

Estas cosas no sólo ocurren en el Tercer Mundo. Tienen lugar por todas partes. La diferencia, se supone, es que en los países más ricos, en las sociedades del bienestar, las víctimas del desarrollo son debidamente compensadas. Aunque, claro, no siempre. En Valencia, los habitantes de la Punta van a convertirse en pocos días, si la justicia administrada por algún tribunal no lo remedia, en nuestros primeros refugiados ecológicos desde hace mucho tiempo.

Como muchas otras personas (las 118.000 que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular, por lo menos) he pensado desde hace años, y sigo haciéndolo, que la destrucción de la huerta que aún existe al sur del viejo cauce del río para hacer sitio a una ampliación portuaria es un pésimo negocio para la ciudad, un desaguisado ecológico y urbanístico de efectos irreparables. Además de eso, ahora adquiere tintes de lo que ha dado en llamarse "tragedia humanitaria". Hay quien viene hablando de deportación y, ciertamente, el símil es apropiado.

Según los planes de la ZAL, las personas desplazadas de la Punta serían realojadas en viviendas construidas al efecto en las proximidades de la zona. De esas viviendas no hay aún ni los cimientos, pero los expedientes de desalojo van a toda máquina. Bastantes habitantes de la pedanía son de muy avanzada edad y, en muchos casos, la compensación económica por la expropiación está en torno a los dos millones de pesetas. No hace falta mucha imaginación para saber lo que va a ocurrirles a algunas de esas personas si se quedan sin su hogar, sin las tierras que contribuían a su subsistencia y que han constituido su forma de vida de siempre, con ochenta años y con doce mil euros. No tengo estómago para escribir la palabra exacta, así que usaré un circunloquio: más de uno, más de una, sufrirá un efecto innombrable .

¿Se trata de un azar? ¿De un lamentable desajuste burocrático? Me gustaría creerlo, pero hay demasiados motivos para pensar que estamos más bien ante otra cosa. Que el Consell, el puerto y la alcaldesa vuelven la mirada hacia otra parte para dejar que siga su curso un escarmiento. Un castigo ejemplar para esa gente que ha tenido la osadía de ofrecer resistencia durante siete años, de defender con orgullo su forma de vida durante más de un lustro. Algo que enseñe a las futuras víctimas del desarrollo que la indocilidad se paga cara. ¿Que no es eso? Bueno, que nos lo demuestren: que hagan primero las casas y después los desalojos.

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