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Publicat el 23 - 11 - 2003 a Diari Levante - EMV
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La respuesta a la inmigración

Fernando Flores Giménez

Professor de Dret Constitucional

¿Qué ha hecho de la familia europea de naciones una porción de la humanidad progresiva y no estacionaria? Ninguna superiorexcelencia en ellas, sino su notable diversidad de carácter y cultura. John Stuart Mill, Sobre la Libertad (1859)

La Guardia Civil detuvo el miércoles a una veintena de inmigrantes sin papeles que iban a recoger naranja en Lliria. La mayor parte de los extranjeros residían desde hace tiempo en esta población, dedicándose a las tareas agrícolas que iban saliendo. Ningún empresario responsable de los campos fue llamado a declarar.

La Comunidad Valenciana es la cuarta del Estado español en número de extranjeros residentes –en torno a 140.000-, que comprenden el 3,5% de su población. Hasta el año 2002 había más ciudadanos comunitarios que extracomunitarios; desde este año, y por primera vez, los extranjeros denominados como de régimen general superan a los de régimen comunitario . A todos ellos deben añadirse los extranjeros en situación irregular, cuya cantidad resulta imposible de determinar.

¿Son muchos o pocos? Depende del cristal con que se mire y del territorio con que se compare. Para algunos ciudadanos el porcentaje de no nacionales que viven en nuestra Comunidad es perfectamente admisible; otros, sin embargo, tienen la impresión de avalancha y de sobresaturación de la capacidad receptora y de absorción de aquélla, impresión que por lo general suele vincularse a la necesidad de mano de obra. Podríamos decir, también, que son muchos si los comparamos con Castilla – La Mancha y pocos si tomamos a Madrid o Cataluña como referencia.

Lo que da lugar a menos dudas es la constatación de que la población inmigrante constituye un colectivo altamente vulnerable; aquí y en Madrid. Vulnerable por el desarraigo que persigue a toda persona que deja su hogar, por la precariedad jurídica y laboral que los recibe, por el choque cultural, y por los prejuicios sociales e institucionales. Del mismo modo, la observación de la coyuntura (estructura) global nos dice que el movimiento humano hacia nuestro territorio va a continuar: por las diferencias de riqueza, por la explosión demográfica en los países pobres, por la porosidad fronteriza (vía visado o mafias; el coste humano es otro tema), por la apertura real de nuestro mercado laboral, por las políticas de cooperación esencialmente mercantilistas y poco solidarias de los países ricos, y porque, en definitiva, nada puede borrar el deseo de todo ser humano de vivir mejor.

De modo que tenemos entre las manos un fenómeno que no va a cambiar –la llegada de ciudadanos de otros países-, y una respuesta jurídica, política y social que no atiende bien al fenómeno; con los peligros que eso comporta desde el corto (ya) al largo plazo.

No es buena respuesta la simplificación del fenómeno migratorio y sus implicaciones, y menos si la respuesta viene de los poderes públicos y los gobernantes. Vincular la llegada de extranjeros a una especie de competencia laboral con los españoles (“que están primero”), o afirmar la relación directa entre inmigración y delincuencia (falseando datos y silenciando los motivos reales de ésta: la inseguridad jurídica permanente, la falta de arraigo familiar y una situación económica precaria), son reduccionismos que hacen del miedo un factor clave del proyecto social y político y acaban convirtiéndose en motor para el rechazo, el racismo y la marginación.

Tampoco es bueno, ni realista, vincular al extranjero exclusivamente con el mercado de trabajo. Aunque el ámbito laboral sea uno de los elementos centrales en la vida del migrante, olvidar las aspiraciones que todo ser humano incorpora (por ejemplo tener una familia, o integrarse en la comunidad como sujeto pleno de derechos, no sólo de deberes), olvidar esto, acaba resultando, además de injusto, un error.

En fin, no es buena la respuesta jurídica. La legislación sobre extranjería es de competencia estatal y la política al respecto obra del gobierno central de turno; de modo que poco más que parches pueden poner las administraciones autonómicas y locales, las organizaciones no gubernamentales y los abogados del turno de extranjería. Pocas veces una norma jurídica (la Ley 8/2000 más su Reglamento de desarrollo), desde su elaboración y modificación hasta su aplicación, ha provocado tanta inseguridad y marginación en sus destinatarios. En pocos ámbitos como éste la administración, amparada por la norma, puede comportarse con mayor arbitrariedad y falta de sensibilidad por las necesidades de las personas. La lentitud burocrática, la falta de medios y un derecho insano se integran en la línea política gubernamental de simplicidad y restricción.

Y es por esta general respuesta a la inmigración que encontramos inmigrantes hacinados en casas o almacenes (Carcaixent, esta semana); por ella los extranjeros no irán a empadronarse (en cuanto la reforma permita a la policía obtener los datos del padrón municipal); por ella es que no bajan los polizones de los barcos en el Puerto de Valencia; por ella muchas familias quedan rotas (no se facilita precisamente la reagrupación familiar). Es por ella que detienen a trabajadores que huelen a tierra, a uva o a naranjo.

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