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Publicat el 24 - 6 - 2001 a Diari Levante - EMV
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Modelo político y cambio climático

José Albelda

Professor Universitat Politècnica de València

El pasado trece de marzo el presidente Bush anunciaba la decisión de la administración norteamericana de no ratificar el protocolo de Kioto. Con ello se iban al traste anteriores promesas electorales sobre la necesaria reducción de las emisiones de carbono y, por lo tanto, las esperanzas de que se comenzara a tomar medidas efectivas para paliar el cambio climático, uno de los principales problemas medioambientales que nos afectan. Resulta fácil demonizar a G. Bush por una decisión de tal trascendencia, que acaba de concretarse en un plan de desarrollo que prevé entre 1.300 y 1.900 nuevas centrales de producción de energía; pero no debemos olvidar que, todavía bajo la administración Clinton, EE.UU. seguía saboteando los acuerdos de reducción de emisiones de efecto invernadero en la cumbre de La Haya. Es cierto que determinados partidos y personas son más agresivos en su manera de favorecer a los grupos de presión económica e industrial. Indudablemente sería el caso de Bush o Cheney, cuyas carreras profesionales estuvieron vinculadas a grupos petroleros, pero el problema es de mayor calado. Tiene que ver con el propio modelo de economía, de corte cada vez más neoliberal, en el que los objetivos de crecimiento y ganancias se anteponen siempre a los costes sociales y medioambientales. Para fortalecer dicho modelo, se necesita ir diluyendo progresivamente la deseable independencia entre los poderes político y económico. En ese sentido, EE.UU. nos ofrece un ejemplo de lo más clarificador. Las costosas campañas electorales made in U.S.A., en las que se implican magnates, grupos económicos y empresas de todo corte, son inversiones de futuro. Los gobiernos resultantes tienden cada vez más a verse liderados por personajes de dudosa preparación política, pero con carreras profesionales anteriormente vinculadas a los sectores industriales que han apoyado económicamente las campañas. La consecuencia de esta lógica es predecible: cuando ya hay un ganador, la gestión política no olvidará beneficiar a quienes han contribuido esforzadamente a la conquista del poder, priorizando dichas deudas sobre las necesidades mucho más difuminadas de los millones de electores que también le han votado (y de todos aquellos que no lo hicieron).

Este modelo de compromisos está adquiriendo una gran solidez. Hasta el punto en que ni siquiera teme enfrentarse a la lógica de la razón. Los informes científicos concluyentes sobre el cambio climático o la evidencia de sus efectos iniciales, no parecen ser argumentos suficientemente poderosos contra las inercias existentes. Y eso que ya no nos encontramos en la fase inicial, en la que los grupos ecologistas nos alertaban sobre sus probables efectos catastróficos, frente a la cautela de los científicos. Actualmente el calentamiento global ya está ampliamente documentado por especialistas del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), que el presente año se encuentra ultimando su tercer informe de evaluación. No parece que dicho grupo de expertos albergue ya dudas sobre la influencia determinante de las emisiones antropogénicas, principalmente las que se derivan de la quema de combustibles fósiles, en el cambio del clima. Es más, se prevé un mayor aumento de las temperaturas para este siglo que empieza respecto a lo anunciado en los informes anteriores, con las consecuencias adversas que ya conocemos.

Por otra parte, no debemos olvidar que Kioto era ya un compromiso de mínimos, a todas luces insuficiente para atajar el efecto invernadero. Era, digámoslo así, el punto de partida para un cambio de inercia. La no ratificación por parte de EE.UU., responsable del 25% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, demuestra que su economía ni siquiera se arriesga a permitir este tímido inicio. Y las alternativas que la administración norteamericana promete suenan esencialmente a disimulo. No limitar las emisiones no tiene sustitutivos a medio plazo. La única posibilidad no ya de evitar, sino de frenar el cambio climático, pasa por la progresiva transición del modelo energético mundial hacia fuentes renovables. Opción que resulta incompatible con políticas que defiendan intereses exclusivamente nacionales. Desde esta perspectiva, oponerse a una medida inicial como es el protocolo, supone evidenciar la fractura definitiva entre el sistema económico vigente y la posibilidad de mantener el equilibrio ecosistémico que hemos heradado. Y ahí radica la gravedad del asunto: la política cada vez media menos entre los grupos de presión y los intereses del resto del mundo, convirtiéndose en una extensión de la economía para salvaguarda, ante todo, de sus objetivos de crecimiento o perpetuación.

El modelo americano al que hasta el momento hemos aludido es quizás el exponente más flagrante de esta inercia, pero no es marcadamente distinto al que se va instaurando entre nosotros. Recordemos el curioso acuerdo que adoptó en Kioto la representación del Estado Español. Se comprometió a un aumento máximo de emisiones del 15% -aumento, no reducción- para el 2010. Pero esta previsión ya ha sido superada con creces en el año 2000, llegando prácticamente a un incremento del 30%, el doble de lo previsto. Todo ello en el contexto de una decidida apuesta por nuevas centrales térmicas (sobre todo de ciclo combinado) -44 en proyecto o en construcción en todo el Estado-, de las cuales nos corresponden cuatro en la Comunidad Valenciana: la ampliación/reconversión de la térmica de Castellón y los proyectos para Catadau, Sagunto y Segorbe. Siguiendo con nuestra comunidad,  es evidente que el decidido impulso de la energía eólica es muy estimable y supone un compromiso por la diversificación energética que resultaba impensable hace sólo una década. En el mismo sentido cabe valorar la elección del gas natural en lugar del carbón, por la reducción de emisiones y optimización de la producción que trae consigo. Pero si la energía eólica y los proyectos de centrales de gas  se suman a las térmicas ya existentes o las sustituyen sólo parcialmente, el problema no se soluciona. Se minimiza el nivel de emisión de CO2 por unidad de energía producida, pero si finalmente las toneladas totales de carbono emitidas se incrementan, es evidente que el efecto invernadero se sigue agravando.

Frente al crecimento del consumo de carburante fósil como fuente de energía y actual modelo de transporte dominante, cualquier argumento de sostenibilidad empalidece. En realidad, es tal el actual impacto de nuestro modelo energético, que debería estar sujeto a una estricta regulación. Hay que recordar que basta con la quema de la cuarta parte de las reservas de petróleo existentes en el subsuelo del planeta para garantizar un cambio climático de difícil reversibilidad. Por tanto sería bastante más barato, y por supuesto mucho menos dañino, una reconversión progresiva del modelo energético hacia fuentes renovables, en lugar de tener que enfrentarnos a las gravísimas consecuencias que se nos avecinan. Pero cambiar las inercias, aunque estén contra la lógica más esencial y los argumentos científicos, no es tarea fácil, por diversos motivos. No hay un control real de la economía por parte de la política. Ni se anteponen los intereses planetarios a largo plazo sobre los inmediatos de las naciones más poderosas. Por otra parte, la gran baza con la que cuenta el cambio climático es la eficaz naturalización de sus efectos. Su expresión a través catástrofes medioambientales que nos parecen azarosas o los lentos cambios y deterioros ecosistémicos a lo largo de varias décadas, que ni siquiera afectan drásticamente a una misma generación. A diferencia de una explosión en una industria o una marea negra, que se producen en el tiempo presente y sí tienen responsables concretos que pueden ser localizados y en ocasiones penalizados, el modelo al que nos enfrentamos es difuso y actúa solapadamente en unidades de tiempo muy elásticas. Todos los países del Norte desarrollado somos en parte cómplices del cambio climático, por mantener una forma de vida y un modelo económico estrechamente dependiente de la quema de combustibles fósiles. Pero al mismo tiempo, gran parte de la responsabilidad recae más específicamente en la inercia de modelos industriales que tienden a su perpetuación a toda costa. Siempre contando con la connivencia de un sistema político que ha olvidado su papel de mediador entre los deseos de pequeños grupos muy poderosos y los intereses del resto del planeta.

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