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Publicat el 26 - 10 - 2003 a Diari Levante - EMV
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Las torres del olvido

Pura Duart

Professora de Sociologia. Universitat de València

Quien dispara mucho, acaba por dar en el blanco. Tomas Moro.

En menos de una semana tres jóvenes han muerto cuando trabajaban en el hotel llamado Atrium Beach de La Vila Joiosa. No es mal nombre para un túmulo funerario. Dice un informe preliminar que fue fortuita la muerte de los trabajadores. ¿Fatalidad o muerte anunciada?

La familia de Francisco García, conocida por sus posesiones hoteleras en Benidorm (donde por cierto sobreabunda este tipo de “emprendedor”), promociona la edificación de otro mastodonte costero para explotar, en el lenguaje turístico, unas 5.000 camas. Una obra por completo ilegal, puesto que la torre levantada tiene 21 alturas donde sólo se permiten 11, y un volumen muy por encima del autorizado. Una ilegalidad perpetrada con total impunidad, puesto que los promotores han desobedecido olímpicamente (es decir, como los dioses olímpicos) las amables advertencias de la concejalía de urbanismo, y han evitado la paralización contando con la benevolencia de la alcaldía, que no denunció los hechos a la justicia. Es más, parece que el alcalde está estudiando la modificación del Plan General de La Vila, ¿para que esté a la altura del mortal edificio?

Puede que nunca hubiésemos sabido nada de este nuevo insulto a la vida y a lo que queda de una hermosa cala -del mar que ya no deberíamos llamar nuestro-, si no fuera porque, en estos tiempos de mudez, algunos cadáveres suenan más que algunos vivos.

Dicen que los obreros de la empresa de los García estaban asustados. En el SXXI los jóvenes están siendo educados en la disciplina del miedo. El mundo virtual de la TV y la publicidad de la sociedad de consumo les obliga a soñarse pequeños emperadores de la abundancia, protegidos de la realidad por sus objetos/fetiche. Pero cada vez se confía menos en los demás. El tiempo pasa y la calle se llena de multitudes solitarias. Ya nadie habla de emanciparse.

El modelo de desarrollo único está separando y enfrentando a l@s ciudadanos: de un lado, los invisibles, los casi del todo olvidados en los rincones de las periferias que, como dice Ken Loach, pueden elegir entre estar dentro o fuera de la ley; de otro lado, los demás, los que pueden elegir entre un trabajo basura y otro trabajo basura, y los que temen perder su trabajo indefinido temporal -porque ya nadie espera encontrar el trabajo de su vida, pero sabe que deberá cambiar de vida para perseguir un empleo cualquiera tras otro-, y algunos suertudos que encontrarán empleos algo mejores -aunque eso no les alivie el miedo, si no al contrario-. Más allá del espacio, en la estratosfera social, está el limbo de los divinos.

El poder, repartido de forma cada vez más desigual en la sociedad globalitaria, divide el espacio en dos partes. Una parte, la ocupada por los poderosos, es el territorio de lo imprevisible, de lo fortuito. Un lugar opaco a la mirada, al que no llegan las reglas. Disfrazado de catástrofe, como las de la naturaleza, o de regalo de los dioses o los hados, el poder sólo puede ser reconocido por sus efectos. ¡Qué fatalidad!, se decía antes. ¡Qué casualidad!, se dice ahora.

En la España que va bien el salario mínimo relativo sigue bajando desde hace dos décadas, y el presupuesto social es uno de los peores de la Europa que sale en las cuentas (sólo nos sigue, de momento, Portugal). Los que menos tienen saben bien que es cosa de magia (y de entrampamiento) pagar el alquiler de un piso, o comprarlo ( a pesar de que las hipotecas son “hasta que la muerte nos separe”). Los gastos de protección a la vivienda representan el 0.1% del PIB, una cantidad seis veces inferior a la media europea. En el año 1985 -cuando la sociedad civil presionaba con fuerza para imponer una mayor solidaridad- la mitad de las viviendas eran de protección oficial, en 2001 sólo una de cada diez. Entre 1991 y 2001 el presupuesto para la promoción pública de las pocas viviendas protegidas se redujo hasta la tercera parte.

En la España del vamos a más uno de cada tres trabajos es un empleo temporal (de algunas semanas con buena suerte, o de minutos sin ella), tres veces más que en la Europa que cuenta. En el año 2000 había 159 accidentes laborales por cada 1.000 contratos temporales, y 38 por cada 1.000 contratos algo menos inestables. En esas fechas sólo había un inspector por cada 27.000 posibles accidentados, casi cuatro veces menos que en la UE. De todas las desgracias ocurridas a los trabajadores, ocho de cada diez dañaron a menores de 24 años, una proporción casi dos veces mayor que la del resto de los países de la Europa de los números. Entre 1992 y 2002, si sumamos los destrozos sucedidos de camino a los lugares de trabajo (o sea, con la colaboración de los automóviles), la media de trabajadores españoles siniestrados es de cuatro al día. Todo ello sin contar lo que les ocurre a los parados, ni a los ilegales -la mayoría mujeres, jóvenes, pobres y exiliados-, que son uno de cada diez trabajadores.

En la Comunidad Valenciana, aunque las cifras estatales son un poco menos terribles que las de año pasado -especialmente mortífero-, el porcentaje de accidentes mortales ha ascendido un 19%. La mayor parte, en la construcción y en Alicante.

Sólo tres de cada cien empresas son responsables de casi la mitad de los desastres. El cuidado público de todas estas lesiones y heridas -sin contar las penas y esfuerzos que no se pagan- cuesta en dinero 6.000.000 (seis millones, sí) de euros cada día, que pagan sobre todo quienes menos tienen y, en especial, quienes pagan con la vida. El perfil de las víctimas de estas calamidades suele ser: varón, joven, con contrato precario y revendido (o subcontratado, como se dice ahora).

Unos, condenados a la cadena perpetua de la disponibilidad, levantan casas que nunca podrán habitar con sus huesos y sus pequeños salarios. Otros amasan capitales con los que ocultar o lavar sus fechorías. Aunque sean legales, aunque no se ejecuten con un arma, algunas prácticas son criminales.

El destructivo alzamiento del hotel de los García se está haciendo, como parece normal a algunos en la sociedad privatizada y anónima, mediante una maraña de contratos y subcontratos (la parte contratante de la parte subcontratante, ¿recuerdan?). Este modo de “hacer negocio” actúa como disolvente de las responsabilidades, y dificulta la observación y coordinación de las habilidades de quienes se arriesgan a pie de obra.

Esta descomunal ofensa a la belleza de las playas -que aún yacen bajo el cemento- se está cometiendo contra el inconmensurable valor de la supervivencia humana y contra el de la naturaleza.

¿Cuánto vale mirar el horizonte? ¿Cómo calcular el importe de la tranquilidad y el silencio perdidos? ¿Cómo valorar cada una de estas trágicas muertes? ¿Quién puede pagar el precio de la “cama” construida?

La fortuna de unos es la fatalidad de otros.

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