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Publicat el 8 - 6 - 1998 a Levante - EMV (Sup. Territorio y Vivienda)

Un Balcón (al Mar) más caro que un palco en el Liceo

Adolfo Herrero - Arquitecte

Valencia, ciudad fluvial, apostó hace más de un siglo, aunque sin creérselo demasiado, por convertirse en una ciudad marítima. Para ello, trazó el proyecto del Paseo al Mar (Paseo de Valencia al Cabañal, en su denominación correcta) y se anexionó los Poblados Marítimos. Este camino recorrido por vía administrativa, sin embargo, no fue suficiente al no haber cemento ni ladrillos de por medio, tan sólo huerta. Serían necesarios nuevos intentos sintetizados, en gran parte, en los sucesivos planes generales de 1946, 1966 y 1988 los que abordarían este objetivo con mejor o peor fortuna.

Salvando el primero de ellos, el del 66, redactado en plena etapa desarrollista, no sólo consolidaría el relleno entre ciudad y frente litoral sino que sentaría las bases para impedir que el utópico objetivo se alcanzase en condiciones medianamente aceptables, marcando de forma irreversible el borde marítimo de la ciudad. Así, se planificaba un superpuerto con múltiples muelles extendidos como amenazadores tentáculos hacia la desembocadura del nuevo cauce, arrasando las playas de Nazaret, y un cerco de infraestructuras se cerraría con la autopista del Mediterráneo –y su enlace sureste con la ciudad, la autovía de El Saler- y la variante ferroviaria que, desde la nueva estación de Fuente de San Luís, circunvalaría la ciudad central entre ésta y los Poblados Marítimos.

Se repetía el mismo error que supuso la implantación del ferrocarril de Aragón, en 1902, cuyo tendido ferroviario aplazaría durante setenta y dos años la continuidad de aquél deseado objetivo, cada vez más inalcanzable, materializado en el proyecto del Paseo de Valencia al Cabañal.

Con el Plan de 1988 la aproximación de la ciudad al mar, convertida, también, en uno de sus objetivos prioritarios, parece a punto de alcanzarse gracias al esforzado empeño puesto en el desmantelamiento de las amenazas planificadas y alguna de las cumplidas de su antecesor. Parece que, esta vez sí, al inicio del nuevo milenio que nos acecha, y gracias al mayor énfasis puesto por el Plan y al dinero negro que aflora precipitadamente al mercado inmobiliario con la inminente imposición del euro, hay muchos ladrillos y cemento para conseguirlo.

Pero ¿que ha sucedido con el puerto? Justamente lo contrario. Al amparo de un convenio incumplido y a la chita callando, se ha extendido más que la Casa de los Caramelos que, metro a metro, ha impuesto su presencia pintoresca y chirriante (coent, es la palabra adecuada) a lo largo de la calle del Muro de Sta. Ana hasta que el Palau de les Corts Valencianes puso freno a tal ambición de conquista; el puerto ha crecido más y más colonizando más territorio, degradando su entorno, imponiendo su presencia por encima del estatuto legal que el Plan General restituye a las tierras que lo circundan y que iba a acabar para siempre con los usos o instalaciones, ilegales o no, procedentes de aquella mancha gris, depositada por el Plan del 66 sobre el distrito de Quatre Carreres y los barrios de Nazaret y Les Moreres, designada como “tolerancia industrial”, y que dio amparo a naves industriales, silos, chatarras, troncos, contenedores y más contenedores desparramados por la huerta y a los camiones que los transportan por sus caminos. Porque el Plan del 88 también “recupera” la huerta al caracterizarla como suelo agrícola no urbanizable, de protección especial.

Sin embargo, desde la aprobación del Plan en 1988, la situación de las áreas de Nazaret y La Punta, las más afectadas por la voracidad del puerto no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado. Hay más contenedores, más basura, más escombros, más camiones circulando por la huerta sur y por el Paseo Marítimo, con la complicidad de la denominada Autoridad Portuaria y la benévola pasividad de la administración municipal. Toda una estrategia cuidadosamente planificada durante años en espera de la denominada ZAL, la última maniobra especulativa y desarrollista, por ahora, de esa aventura magalómana que con dinero público pretende correrse el puerto a costa de uno de los escasos y más valiosos espacios del planeta. La última dentellada, por ahora, de 72 hectáreas sobre esa huerta “degradada” por ellos mismos, adjetivación a la que aluden para justificar su expolio; la demostración más palpable de que la categoría de Suelo No Urbanizable del Plan, en la que algunos nos creíamos a salvo, no es sino la de Suelo No Urbanizable, De Momento.

El puerto, que en los últimos diez años ha llevado a cabo una ampliación de 166 Has. sobre el cordón litoral, ganadas al mar a costa de las playas de Nazaret y La Punta, no ha justificado nunca ninguna de sus pretensiones de crecimiento. Tampoco ha podido demostrar la necesidad de un acceso viario norte -segundo aspecto del problema- porque “desconoce” intencionadamente el origen o destino de las mercancías movilizadas en el área metropolitana, una vez fuera del recinto portuario, cuyo volumen determinaría su necesidad. Sí sabemos, en cambio, que quienes lo exigen son, entre otros, el presidente de la Autoridad Portuaria, y gerente de las bodegas situadas en término de Alboraia junto a la N -221, y otras conocidas empresas debidamente representadas, también, en el consejo de administración del puerto.

Mientras la operación ZAL del puerto de Barcelona, infinitamente más compleja y extensa lleva años de estudio, discusión y negociaciones entre todos los implicados en ella tratando de que su implantación contribuya no sólo a eliminar disfunciones sino a generar riqueza para la comarca; allí se ha buscado el equilibrio entre agricultura, preservación de un espacio natural de cualidades extraordinarias, como es el delta del Llobregat, y movilidad de personas y mercancías (es decir, se planifica desde un enfoque metropolitano de los problemas a resolver). En Valencia, por el contrario, el enfoque es exclusivamente mercantilista, a mayor beneficio económico del puerto. No sólo no se ha discutido nunca en ningún foro de participación ciudadana sino que se ha forzado hasta límites insospechados su inclusión en el Plan Estratégico de Valencia.

Ni siquiera el reciente estudio, patrocinado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y la Fundación Bancaixa (La Valencia Marítima del 2000), ha servido para que la Autoridad Portuaria de Valencia se descabalgue de su prepotencia y de la posesión de la verdad absoluta. Por el contrario, la pretensión del Puerto en el área de La Punta constituye una imposición llevada a cabo desde el talante más autoritario y antidemocrático, digno de los mejores tiempos de la dictadura franquista, fruto de la improvisación, la irracionalidad, y de una visión sesgada y parcial de la actividad económica. No hay más que ver la argucia legal escogida para su ejecución, la expropiación previa a la planificación, pervirtiendo la finalidad de la legislación urbanística autonómica, y burlando el Plan General, al cuestionar uno de sus objetivos prioritarios, como es la protección de la huerta, constituida en determinación estructural del mismo y cuya recalificación es suficiente para justificar no la modificación del Plan sino su revisión.

Pero Valencia, por más que se empeñe la Autoridad Portuaria obsesionada hasta lo enfermizo, como las administraciones implicadas en la operación, por la competitividad mercantilista entre puertos, ciudades, regiones, autovías, AVE´s, palacios de congresos, rascacielos de pacotilla, turistas o paellas, afortunadamente, nunca será Rotterdam, ni Hamburgo, ni siquiera Marsella.

Esta vez el mal no sólo viene de Almansa, que sí, que a los representantes del Estado se les llena la boca con aquello de que Valencia es el puerto de Madrid; que es un sacrificio necesario; que es el precio a pagar por el desarrollo. Viene, también, de nuestras instituciones més casolanes, que no dudan en “ofrendar nuevas glorias a España” siempre que haya negocio que llevarse al bolsillo.

¿Qué criterios de racionalidad motivan el rechazo de la localización de Sagunt, estudiada por la propia Generalitat en 1993, y que cuenta con mejores infraestructuras viarias y ferroviarias y con el suelo necesario de titularidad pública procedente de las expropiaciones de la antigua siderurgia? Y donde caben no sólo la ZAL sino la Ciudad del Transporte.

¿Cual es la actitud de la misma Generalitat, comparsa en ese juego de Monopoly, la expropiación a todos propietarios de tierra de La Punta, únicos a los que la Autoridad Portuaria considera afectados? ¿No nos considera afectados a todos los vecinos de Valencia, a todos los residentes en la comarca de l´Horta, a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana?

¿Se han pronunciado al respecto las Corts Valencianes? ¿Se van a interponer, como en la metáfora de la Casa de los Caramelos, para evitar la pérdida de un sólo palmo más de huerta, o piensan, como alguna de sus señorías, que la huerta es un solar que aún conserva la cosecha?

¿Qué tiene que decir Europa de la progresiva desaparición de uno de los seis espacios de huerta inventariados en el continente y cuyo estudio y planificación sostenible ha estado financiando económicamente a través del Plan Verde de la Ciudad de Valencia, vergonzosamente paralizado por el ayuntamiento de la ciudad?

Porque ¿qué beneficios, aparte del exiguo número de puestos de trabajo, reporta el puerto a la ciudad de Valencia en contrapartida a todas las molestias, las disfunciones y la degradación medioambiental de su costa que genera?

Y aquí llegamos al aspecto sustancial para la ciudad de Valencia en la operación ZAL; al supuesto beneficio a obtener por la ciudad tras el trueque en desigualdad manifiesta de condiciones: la cesión de la dársena interior en la que nuestra Alcaldesa, “tan ilusionada”, pretende construir su proyecto de Balcón al Mar. Proyecto cuya paternidad, salvo esa pintoresca denominación -copiada sin rubor alguno por Rita Barberá de una de las múltiples urbanizaciones del cabo de la Nao- hay que atribuir al Plan General.

Esta ilusión que todos podríamos compartir se empaña cuando la Alcaldesa, a quien hemos podido ver haciendo declaraciones solemnes sobre el valor de la huerta en foros y congresos internacionales, termina por paralizar el Plan Verde, contexto disciplinar de todos esos eventos. Plan que apuesta, entre otras cosas, por la recuperación de la Huerta (con mayúsculas), incluidas las áreas de Campanar y de la Punta. Y aquí es donde empiezan a encajar las piezas y despiertan nuestros recelos.

No se trata de discutir la bondad de los objetivos, ni siquiera el volumen de las inversiones necesarias en esta operación urbanística destinada a recuperar un espacio ciudadano emblemático como pocos, aunque de dimensiones tan reducidas como un postigo, abierto por obra y gracia de la “inmensa generosidad” del puerto y del Estado. Al menos, las inversiones se justifican en mayor medida que las anunciadas o comprometidas en estúpidas Torres de Comunicaciones, auténticos monumentos al papanatismo, y en Oceanarios lejos de los océanos, situados a 2 km. del mar.

El protagonista del proyecto municipal: la dársena interior del puerto, es, en la actualidad, un espacio perfectamente inútil desde el punto de vista operativo por su escasa capacidad y la deficiente o nula maniobrabilidad que supone para los grandes buques portacontenedores, vocación por la que parece haberse decantado la Autoridad Portuaria desde hace años. Objeto inservible y regalo envenenado que se “dona generosamente” a la ciudad a cambio de 72 Has. de huerta, valorada por el paralizado Plan Verde como la de mayor calidad paisajística del término municipal, a pesar de las agresiones que soporta por causa de propio puerto.

El regalo exige un acceso viario norte, injustificable desde todo punto de vista, máxime cuando el progresivo desplazamiento del centro de gravedad del puerto hacia el sur ha convertido el actual desde la V-30 en acceso centro. Acceso privativo, como hemos visto, que acarreará un error tan grave como el cometido con el Cinturón Litoral de Barcelona que, aún discurriendo parcialmente enterrado por el frente marítimo de la ciudad, potencia un canal alternativo de tráfico pesado entre municipios situados a norte y sur del área metropolitana, interceptando funciones urbanas de primer orden.

Y, finalmente, el lazo que adorna el obsequio es el laberíntico nuevo acceso ferroviario cuya traza prevista por el Plan General se altera por evitar lo inevitable: la demolición de la autopista de El Saler, que constituye un barrera insalvable perfectamente prescindible.

Un alto precio, pues, a pagar por abrir una pequeña brecha en un muro que cada día crece a mayor altura, se extiende a mayor distancia y se refuerza con mayor espesor. Un alto precio para una ciudad que ha asistido con indiferencia al crecimiento de ese vástago desagradecido que acabará por devorarla. Por ese reino de taifas donde se confunde autonomía económica con independencia política, ese cantón mezcla de Andorra y Estado Vaticano surgido un buen día de la nada en una playa lejana a la que la ciudad fluvial miraba con temor. Una ciudad alegre y confiada, para la que progreso y desarrollo, aunque sea de unos pocos, aunque sea de otros, significa acabar con sus propias raíces lo antes posible porque somos un pueblo de nuevos ricos.

Ante esta indiferencia, ante la confortable pasividad-complicidad de autoridades e instituciones, ante tanto autoritarismo, tanta prepotencia, tanta brutalidad, tanto agente especulador disfrazado de agente urbanizador con derecho irrumpir a cualquier hora en nuestras vidas y haciendas, en nuestro patrimonio, en nuestra cultura..., la respuesta democrática debe ser contundente, seria, ejemplar.

Agotemos vías jurídicas y administrativas; apliquemos con rigor el Código Penal a los responsables políticos y a quienes les prestan su complicidad anteponiendo sus intereses corruptos, confesables o inconfesables, a su responsabilidad como gestores, como técnicos, como funcionarios, como comparsas del beneficio y la destrucción irreversible. Movilicemos a la sociedad entera, a sus instituciones y partidos políticos de buena voluntad, a los municipios de la comarca de L´Horta, a las asociaciones de vecinos, de labradores, a sindicatos, colegios profesionales, entidades culturales, medios de comunicación, a las Universidades, responsables, sino de la planificación de la destrucción sí de la ejecución de la huerta en sus respectivos campus; ahora disponen de una espléndida oportunidad para hacer propósito de enmienda.

Impidamos que ese modesto Balcón, aunque abra al Mar, nos cueste más que un palco en el Liceo.

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